No buscan ganar, buscan que te lo pienses

El domingo pasado por la noche, al día siguiente de que en Venecia dieran un premio, un ministro israelí escribió esto en X:

Como ministro de Cultura, actuaré de inmediato para revocar la ciudadanía israelí de estos creadores viles por traición al país.

Se llama Miki Zohar y no tenía ni idea de quién era hasta el domingo pasado, ensombrecido por el ministro de las noticias infames Ben-Gvir. Los creadores son Yuval Abraham y Rachel Szor, y acababan de ganar el Premio Especial del Jurado del Festival de Venecia por NAZA, un documental en el que veinticuatro militares israelíes cuentan cómo bombardearon a civiles en Gaza. Zohar les añade “ardiente odio autodestructivo” y les acusa de estar “dispuestos a dañar a su patria para recibir aplausos de los antisemitas del mundo”.

Antes de seguir, el título del documental, que no es un nombre elegido al azar, NAZA es el acrónimo que usa la propia inteligencia israelí para el número de civiles que calculan que van a morir en un bombardeo planificado, no después contando cadáveres, antes, cuando se decide si se lanza el ataque.

Ya escribí una vez que quien le pone el nombre a las cosas decide lo que ves al mirarlas. Pues aquí está otra vez, llámalo NAZA y es algo abstracto que no asusta, incluso puedes pensar que es solo una palabra que hace referencia a GAZA y a NAZI, pero si lo llamas por su nombre y hay que explicárselo a alguien es matar civiles a sabiendas y contarlos antes de matarlos.

Vuelvo al tuit que me despisto. Llevo toda la semana preparando este artículo y han pasado tantas cosas y la escalada de reacciones contra los directores ha sido tan rápida, que he actualizado el texto 4 veces y seguro que me dejo algo. El tuit lo he leído cuatro o cinco veces y me he quedado enganchado en las primeras cuatro palabras

Como ministro de Cultura

Porque un ministro de Cultura no puede retirarle la nacionalidad a nadie.

Y no es que la competencia sea de otro ministerio. Es que no es de ningún ministro. La Ley de Ciudadanía israelí de 1952 permitía al ministro del Interior revocarla por “violación de la lealtad al Estado de Israel”, ¿qué entenderían hoy por lealtad?, pero una enmienda de 2008 le quitó esa potestad y se la dio a los tribunales. Desde entonces el ministro de Interior sólo puede pedirlo, el de cultura solo escribir en el antiguo twitter.

O sea que el señor anuncia desde su cargo algo que su cargo no puede hacer, y que además tendría que pasar por un tribunal que apenas ha aplicado esa ley cuatro veces en veinticuatro años.

Entonces, si no puede hacerlo, ¿para qué lo dice?

Esa es la pregunta de la que va todo lo demás. El anuncio no busca quitar un pasaporte: busca que quede dicho, desde un ministerio y con altavoz oficial, que esas dos personas son traidoras y que revocar la nacionalidad de alguien es algo posible, básicamente como todo lo que pasa actualmente con la extrema derecha, dicen barbaridades para que cuando alguien las ejecute por ellos nadie se extrañe, o incluso las defienda.

El que sí puede

El lunes, con el tuit de Zohar dando la vuelta al mundo, se movió alguien que sí tiene con qué.

Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor del ejército israelí, le ordenó al fiscal militar dos cosas. La primera, estudiar acciones legales contra la película y contra “quienes participaron en ella”. La segunda, investigar la filtración del material clasificado con el que se hizo.

Lee otra vez la segunda porque no va contra los directores, va contra los veinticuatro militares que han hablado en el documental.

Zamir dice que el documental se basa en “libelos de sangre, distorsión deliberada de la realidad y acusaciones falsas contra soldados y comandantes”, y anuncia que responderán “con todas las herramientas a nuestra disposición: legales, de mando y de diplomacia pública”. Diplomacia pública es el nombre elegante de la hasbará, de la que ya hablé aquí.

Y falta el detalle que lo ordena todo: no ha visto la película. Lo reconoció delante de sus propios mandos, “no he visto el documental, no sé a quién entrevistaron”. El comunicado con el que anuncia las acciones legales dice, literalmente, que se basa en “lo publicado hasta ahora”.

El Guardian, que coproduce el documental, lo resumió así: “los ataques vienen de gente que todavía no ha visto la película”.

Y esto no es un ministro pasándose de frenada. Netanyahu grabó un vídeo para decir que “estamos combatiendo la incitación antisemita global, y cuando viene de dentro de nosotros es intolerable”. Ben-Gvir, que ya ha salido antes, los llamó “una vergüenza y un bochorno” y les deseó que “vuestros amigos, es decir, nuestros enemigos, Hamás, os reciban con los brazos abiertos”.

Antisemitas, dos ciudadanos israelíes. Ahí está otra vez la palabra, haciendo el mismo trabajo de siempre, cualquiera que esté en su contra es antisemita, nada más, cualquier problema lo resuelven así.

El miércoles, el propio Zohar cambió de puerta: escribió al director del Shin Bet (servicio de inteligencia) pidiéndole que averiguara quién había pasado los materiales, y añadió que aclararlo “es fundamental para que el Ministerio del Interior pueda examinar el caso y revocar la ciudadanía”.

Ese mismo día Netanyahu prometió una ley para retirar la ciudadanía a quien “difame a soldados del ejército en el extranjero”, a cinco semanas de unas elecciones. Si hay que hacer una ley nueva es porque con la de ahora no se puede. Lo dijo hasta el presidente del país, Isaac Herzog, que detesta la película y aun así reconoció en la tele que la retirada de la ciudadanía “no tiene ninguna posibilidad”.

Quiénes son los traidores (sobre los directores del documental)

Yuval Abraham es periodista, en 2024 publicó en +972 Magazine la investigación sobre Lavender, un sistema de inteligencia artificial con el que el ejército israelí elaboraba listas de objetivos en Gaza: hasta 37.000 palestinos señalados, con una supervisión humana que en algunos casos se medía en segundos. La sacó hablando con militares que estaban conmocionados por lo que habían hecho.

Los mismos militares y el mismo material es la investigación de hace dos años que ahora forma la base sobre la que se levanta el documental NAZA.

Abraham y Szor, además, no son dos desconocidos que aparecen de golpe: son dos de los cuatro directores de No Other Land, que ganó el Oscar al mejor documental en 2025. Los otros dos son Basel Adra y Hamdan Ballal, palestinos de Masafer Yatta.

No voy a afirmar que esto sea por Lavender, porque Zohar no lo menciona y yo no le leo el pensamiento, cuento la cronología y que cada uno piense: primero destapas cómo se elegían los objetivos, luego ganas un Oscar contándolo, luego ganas Venecia con los testimonios de quienes apretaron el botón, y entonces un ministro decide que eres un traidor.

Y a los otros dos, palestinos, ¿qué les pasó?

Pues conviene saberlo, porque si no esto parece un problema de pasaportes y que al gobierno de Israel no le gusta que sus ciudadanos cuenten lo que pasa. No digo que lo sea, pero eso mismo suele pasar en las dictaduras.

El 24 de marzo de 2025, tres semanas después de aquel Oscar, unas dos docenas de colonos entraron en la aldea de Susiya, algunos enmascarados, algunos armados, algunos con uniforme israelí. Hamdan Ballal salió a grabarlo y lo molieron a palos en la puerta de su casa. Basel Adra lo vio.

Después el ejército lo detuvo a él, salió al día siguiente de una comisaría del asentamiento de Kiryat Arba con la cara llena de hematomas y la ropa manchada de sangre, camino del hospital. Dijo que creyó que querían matarlo.

Dos cosas de ese párrafo, por si pasan desapercibidas. Le pegaron mientras grababa. Y el que acabó detenido fue el agredido.

Así que la cuenta queda así: a los dos israelíes, año y medio después, un ministro les anuncia en una red social un trámite que no puede tramitar. A los dos palestinos, tres semanas después, una paliza, un calabozo y un hospital.

Y que esto va en serio no lo digo yo. Más de mil cineastas israelíes han firmado una carta pidiendo que pare la campaña contra Abraham y Szor, y hay una frase que conviene leer despacio: la distancia entre lo que está pasando y “la incitación a la violencia y la amenaza física contra sus vidas” se está estrechando.

Lo escriben israelíes, sobre israelíes. Y tardó un día en cumplirse. El miércoles y el jueves, decenas de personas se plantaron ante la casa de los padres de Rachel Szor gritando “pena de muerte para los traidores” y pidiendo que la ahorcaran. Las convocaba un activista ultraderechista cercano a Ben-Gvir, que anunció que los perseguirán “donde vayan” y que no podrán “sentarse en ningún restaurante”. Ese mismo miércoles, el mismo hombre entró en la redacción del medio donde publica Abraham, a grabar las salas.

A Abraham ya le pasó en 2024, después del premio de Berlín: una turba fue a buscarlo a casa de su familia, que huyó de noche.

Esto ya había pasado

Con aquel Oscar de 2025, el mismo ministro de cultura Miki Zohar lo llamó “un momento triste para el cine” y habló de “sabotaje”. Pidió a las instituciones culturales que no proyectaran la película. Y sacó adelante una reforma de la financiación estatal del cine para que el dinero público no fuera a parar a obras que “difaman a Israel”.

Fíjate en el par, porque a partir de aquí lo vas a ver repetido: una acusación grave y, a la vez, cortar el dinero.

Cuarenta y siete veces

En España hay una asociación, ACOM, que lleva años haciendo exactamente eso por la vía judicial. Público se tomó la molestia de contarlo: al menos 47 acciones legales entre el 7 de octubre de 2023 y el 2 de septiembre de 2026.

Cuarenta y siete en tres años.

Contra ocho universidades por aprobar manifiestos de apoyo a Gaza. Contra escritores por lo que escriben. Contra una profesora de la Autónoma de Madrid citada a declarar como investigada por unos comentarios en redes. Contra el director del Reina Sofía por programar un ciclo sobre Palestina. Contra dos cargos de Podemos. Contra un ministerio dos veces.

Y contra la Vuelta. Pidieron a la Audiencia Nacional que suspendiera la carrera de 2025 por las protestas contra el Israel-Premier Tech, y de paso que se prohibieran las concentraciones y se detuviera preventivamente a los grupos que las convocaban, el juez inadmitió la causa por falta de competencia. Luego se personaron como acusación contra tres manifestantes que se metieron en el recorrido en Valladolid. De aquellas protestas ya escribí en su día, y reconozco que no se me pasó por la cabeza que acabaran en un juzgado.

Ahora viene la parte que me parece más interesante, y es que pierden bastante. El Tribunal Supremo archivó la denuncia contra Ione Belarra. La Audiencia Nacional inadmitió lo de la Vuelta por falta de competencia, y rechazó dos veces lo del ministerio. Ganaron contra la Complutense y contra la Universidad del País Vasco, pero no es ni de lejos un pleno.

Y aquí está la cuestión. Si el objetivo fuera ganar, ese historial no compensaría el esfuerzo. Compensa si el objetivo es otro: que haya que contratar abogado, que haya que ir a declarar, que salga en la prensa que te investigan, y que el siguiente se lo piense.

Lo de la Feria del Libro de Santander, que ya conté aquí, es el mismo mecanismo en pequeño y en mi ciudad. Denuncia por delito de odio, y de paso una petición para que revisen las subvenciones públicas de los colectivos que convocaron. Acusación y dinero otra vez.

Reinosa, 2016

Pero el caso que mejor lo explica es más antiguo y está a sesenta kilómetros de mi casa.

En julio de 2016, el pleno del Ayuntamiento de Reinosa aprobó un acuerdo de seis puntos sobre Palestina. Los dos primeros eran declaraciones: adherirse a una resolución del Parlamento Europeo y mostrar solidaridad con la población ocupada. Los otros cuatro sí hacían cosas: declarar el municipio “Espacio Libre de Apartheid Israelí”, excluir de los contratos municipales a empresas cómplices, no firmar convenios y cooperar con el movimiento BDS.

ACOM lo demandó entero y empezó un lío de seis años. El Juzgado de Santander, en noviembre de 2019, anuló tres puntos y dejó vivos los dos primeros. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en junio de 2020, revocó aquello y anuló los seis. Y entonces recurrió al Supremo Interpueblos, que es la asociación cántabra de solidaridad que estaba personada en el caso.

En septiembre de 2022, el Supremo dictó sentencia y dejó la cosa así: anulados los cuatro puntos que tenían efectos, válidos los dos que solo decían.

Antes de seguir, una parada, que el lenguaje de los tribunales lo pone difícil a propósito y esto se entiende en dos frases, yo lo he tenido que leer quince veces para poder resumirlo.

Una cosa es decir y otra es hacer. Ya escribí una vez que hay política hasta en la comunidad de vecinos, y aquí sirve igual. Tu comunidad puede aprobar un escrito diciendo que le parece mal que un país asesine niños: es una opinión y no le quita nada a nadie. Lo que no puede es negarse a contratar al fontanero porque sea de un país concreto, porque eso ya tiene consecuencias sobre alguien que no ha hecho nada.

Un ayuntamiento lo mismo y por dos motivos. Porque las relaciones con otros países las lleva el Estado, no un pleno municipal. Y porque dejar a una empresa fuera de un concurso por su origen choca de frente con la Constitución que protege también a quien nos cae mal.

El Supremo lo resumió diciendo que los dos primeros puntos eran “declaraciones políticas que se agotan en sí mismas”. No hacen nada. Solo dicen.

Y ahí está lo que a mí me parece que hay que contar: hicieron falta seis años y tres tribunales para que un pueblo de Campoo pudiera seguir diciendo que está con Palestina.

La misma sentencia, dos victorias

Lo mejor viene ahora, cuando salió aquella sentencia, ACOM y los medios afines titularon que el Supremo había dado “el golpe definitivo al BDS”. Interpueblos, por su parte, dijo que les daba la razón, porque el tribunal reconocía el derecho de una administración local a pronunciarse políticamente sobre asuntos que van más allá de sus competencias.

Las dos cosas son verdad. Literalmente. El Supremo anuló cuatro puntos y salvó dos, así que cada uno cogió su mitad y salió a contarla.

Lo que queda

Vuelvo a Venecia que es donde empecé. Un ministro de Cultura ha anunciado que va a hacer algo que no puede hacer. Dentro de unos meses nadie se acordará de si lo consiguió. Lo que quedará es el titular, la palabra traición pegada a dos nombres y la próxima persona que se plantee grabar a un soldado contando lo que hizo. Y de las agresiones, con el caldo de cultivo que hay, ya hemos visto el principio.

Porque fijaos en lo que ha pasado en una semana: el ministro que no podía ha pedido al servicio secreto que busque a las fuentes, el primer ministro ha prometido una ley que hoy no existe, y la gente que gritaba “traidores” ya sabe dónde viven los padres de la directora. No hacía falta poder hacerlo. Bastaba con decirlo.

La película, por cierto, se puede ver. El miércoles 23 se proyecta en el Festival de San Sebastián, en la sección Perlak, y el jueves 24 con el equipo de la película presente. Compite por el Premio del Público. Ninguno de los que quieren llevarla a los tribunales la ha visto todavía.

He escrito más de dos mil palabras llenas de datos, de fechas y de enlaces, convencido de que pueden servir para algo. Ruth, que escribe sobre esto mucho mejor que yo en Anatomía del discurso lo resume en cuatro palabras: dato no mata relato. Ningún número calma una emoción.

Y tiene razón, este artículo no va a cambiar nada. Pero queda escrito, con las fuentes para quien venga a comprobarlo.